“Acompáñame al Oxxo, quiero cargar gasolina”

Por: Oliver López

(Los protagonistas de esta historia son ficticios, pero los datos y el contexto que rodea la historia es meramente real y sustentada por fuentes informativas)

Santiago y Roberto son dos amigos que trabajan como cualquier mexicano por un sueldo para mantener a sus familias. Ellos han sufrido desde inicios de este año el llamado “gasolinazo” que ha afectado no sólo a ellos, sino a gran parte de la sociedad mexicana.

“Está canijo el gasolinazo. Todo es culpa de aquellos que votaron por Peña”, dijo Santiago a Roberto mientras ambos comían una torta de chorizo en el puesto de Doña Martha.

“Yo digo que deberíamos unirnos a las protestas, de algo deben servir. Ya hasta las gasolineras están cerrando para que no las desabasten. Si nos uniéramos juntaríamos a más personas y así puede que nos hagan caso”, respondió Roberto a Santiago a la par de que tomaba un sorbo a su Coca-Cola de vidrio recién salida del refrigerador.

Mientras los dos amigos seguían disfrutando de su torta, uno de los clientes de Doña Martha le decía lo siguiente: “Al ratito paso con usted. Tengo que ir primero a recargar gasolina al Oxxo. Ahí me sale más barata”.

Roberto y Santiago, sorprendidos de lo que decía el cliente de Doña Martha, alcanzaron a levantar la voz y a preguntarle: “¿Cómo que al Oxxo a cargar gasolina?”.

“Sí, acompáñenme para que vean que ya no sólo puedes ir por chelas, sino ya hasta por gasolina. Y más barata…”.

Los dos amigos decidieron pagar en ese momento y llevar en una bolsa lo que quedaba de su torta, su propósito: ver si el señor no les estaba tomando el pelo. Cuando llegaron se percataron de que el logotipo de la gasolinera Pemex había sido cambiado por el de Oxxo. El cliente de doña Martha no estaba equivocado.

A partir de este 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá competencia en la venta de combustibles con la llegada de seis nuevas marcas de gasolineros. Entre las nuevas marcas están: Gulf México, Hidrosina, Oxxo Gas, Petro 7, La gas y Texaco.

De acuerdo con Pemex, estas estaciones de servicio con marca propia se instalarán en zonas específicas del país, las cuales venderán gasolinas y diésel de Pemex, certificados con normas de calidad.

En junio pasado comenzaron las primeras pruebas piloto de las nuevas estaciones de servicio en la Ciudad de México, Tijuana y Mérida. Estas pruebas servirán para valorar el posicionamiento de cada marca y terminarán el 31 de diciembre de 2017.

No todas las estaciones serán nuevas, sino que cambiarán de marca y logotipo. La estrategia de los nuevos competidores es adquirir las estaciones de los viejos franquiciatarios de Pemex y cambiar su imagen comercial.

A partir de esto, es como Femsa –empresa productora de los productos CocaCola– entra al negocio de las gasolinas a través de Oxxo Gas, que ya tiene 307 estaciones de servicio ubicadas en Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Quintana Roo y San Luis Potosí.

Oxxo Gas atiende a más de 298,000 personas físicas y empresas al día, según afirma la empresa en su sitio web. Cabe resaltar que desde el 2014, grupo Femsa mostró interés por generar estaciones de servicio y para esto adquirieron 227 franquicias de Pemex ese mismo año.

La propuesta de valor de la empresa incluye el elemento confianza tanto por los “litros de a litro”, como un servicio diferenciado y la disponibilidad de recibir diversas formas de pago.

De este modo, es como los efectos de la reforma energética comienzan a verse plasmados al dar entrada a nuevas empresas para la venta y distribución del combustible dejando a un lado a Pemex como única paraestatal encargada de dicho mecanismo.

Ahora, la comercialización ha pasado a manos de terceros y de empresas privadas quienes sacarán provecho para la implementación de nuevas tarifas y promociones que –si bien– serán una nueva oferta para la ciudadanía, a la larga dañarán a Petróleos Mexicanos que poco a poco comenzará a desaparecer y con ello se dará la privatización de las gasolineras por parte de empresas extranjeras.

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Nosotros le pagamos la gasolina a los funcionarios

Por: Oliver López 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los precios promedio a nivel nacional a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017 serán de 15.99 pesos por litro para la Magna, de 17.79 para la Premium y de 17.05 para el diesel.

En un comunicado, la dependencia informó que estos precios variarán entre cada una de las 90 regiones del país, pero en promedio esa será su cotización. Estos nuevos precios responden al aumento de las cotizaciones internacionales de los combustibles y no implica ninguna modificación o creación de impuestos, según la dependencia.

No obstante, con este escenario, la gasolina Magna —que ahora se vende en 13.98 pesos por litro— puede variar entre 15.18 y 16.08 pesos en 2017. La Premium —que se cotiza en 14.81 pesos— va a oscilar entre 16.08 y 17.03 pesos en este  año. Y el diesel —que se comercializa en 14.63 pesos— se va a ofrecer entre 15.889 y 16.82 pesos.

La ciudadanía será la única afectada por el gasolinazo, ya que la burocracia mexicana estará exenta de esto. Mientras el resto del país padece las consecuencias del incremento, y muchos han salido a las calles a protestar por ello, los diputados federales y los senadores recibieron en 2016 ayuda para combustible por 13 millones 967 mil 632 pesos con cargo al erario.

Ellos a través de vales o monedero electrónico recibieron esa cantidad de pesos en 2016 para pagar su combustible. Y, para este 2017, la Cámara de Diputados aumentó dicha partida presupuestal donde ahora cada uno de los senadores de la Mesa Directiva gozarán de una tarjeta de 10 mil pesos al mes para el gasto de su combustible.

Para 2017, la Cámara de Diputados aumentó la partida presupuestal para vales de gasolina. En 2016 pagó siete millones 741 mil 680 pesos y para este año presupuestó nueve millones 321 mil 720 pesos. Y si nos preguntamos si es legal que los funcionarios paguen su gasolina con nuestro dinero, la respuesta es sí.

De acuerdo con El Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal refiere que el personal con jerarquía de K a G —secretarios, subsecretarios, oficial mayor, jefes de unidad y director general— pueden solicitar “apoyo económico para cubrir los gastos de mantenimiento, combustible, lubricantes”. 

Por lo tanto, el ciudadano seguirá sufriendo el alza a los precios de las gasolinas, manifestará su descontento y exigirá a las autoridades la apelación de dicha decisión. Sin embargo, el tema de las gasolinas se añadirá en los discursos de los próximos aspirantes a la presidencia en 2018 donde volveremos a escuchar aquella promesa que Enrique Peña Nieto juró cumplir desde su camapaña “Compromiso Por México” y que fue: “No subiremos el precio de la luz y de las gasolinas”. Los próximo candidatos tendrán que planear bien su estrategia en cuanto a la cuestión energética para el próximo sexenio.

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Buscaban pólvora, hallaron la muerte

Por: Oliver López

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Diana Angélica y su familia acababan de llegar al mercado San Pablito de Tultepec, Estado de México, cuando empezó la detonación. “Escuchamos tronar los primeros cohetes y echamos a correr por el pasillo. Había mucha gente. Agarré a mi niña de 11 meses y entonces ‘bum’, se sintió una explosión muy fuerte en la espalda, como una pipa de gas”.

La deflagración las levantó del suelo y las empujó contra la valla. “Nos caímos entre la gente pero conseguimos salir fuera”. Eran alrededor de las 15:00 hrs. y la combustión en cadena duraría más de una hora pintando el cielo de humo blanco.

“¡Se acabó el mercado de cohetes de San Pablito!”, gritaban pobladores de la capital de la pirotecnia al tiempo en que cubrían sus rostros con sus manos.  Muchos cuerpos se encontraban esparcidos, más niños que mujeres. “Es lo peor que he visto en mi vida”, comentó Angélica Ávila, hermana de un vendedor de pirotecnia que resultó con quemaduras graves.

Cesar Carmona en otro lado del mercado llegaba para adquirir un poco de pólvora cuando seis grandes explosiones sorprendieron tanto a él como a los 300 puestos de pirotecnia que se alojaban dentro del mercado. “En cualquier lugar había gente llorando, corrían por todos lados desesperados”, diría Cesar Carmona horas después.

Otro hombre de nombre Federico Juárez se encontraba en el área de baños cuando un local comenzó a explotar y de ahí en ráfaga uno a uno empezó a incendiarse. “La gente comenzó a caer, corrían hacia la salida donde pedazos de concreto y de tabiques caían en toda la calle”.

Uno de los responsables de uno de los puestos dijo que en la temporada de fin de año hay una venta de 300 toneladas de explosivos, de ahí la magnitud de las explosiones registradas la trágica tarde del martes.

Algunos vecinos de los alrededores de San Pablito dijeron que las detonaciones causaron mucha alarma, principalmente en los niños que estaban en casa.

“Los vecinos salieron de sus casas, salimos a la calle. Una niña gritaba angustiada que nos íbamos a ahogar de tanto humo, y otros niños lloraban. Todos estábamos asustados, pero más los niños, y gritaban cuando se oían los tronidos muy fuertes”, dijo Guadalupe Sánchez.

Tras las explosiones, un hombre identificado como José dijo que vio desde su casa cómo muchos corrían para huir del lugar, mientras que otros se apresuraban a prestar ayuda a las víctimas.

“Entraron a sacar los primeros cuerpos los mismos tianguistas y los amontonaron. Yo vi un montón de muertos, apilados. Pero no pocos, un montón, lo vi desde la azotea de mi casa”, aseguró José.

“Todo quedó destruido”, decía llorando una mujer de 24 años, quien aguardaba afuera de uno de los hospitales en los que se atendía a los heridos que dejó la explosión del martes 20 de diciembre.

Más de 24 horas han pasado desde el trágico accidente y los comerciantes de la zona siguen hablando de lo que pudo haber sido la causa del siniestro: “son los propios clientes quienes piden que se les muestre la mercancía y se ponen groseros si no se hace”. Palabras de uno de los testigos apellidado Aguilar quien menciona que son rumores que corren entre los pobladores.

Hasta ahora la duda continúa, pero lo más irónico es que el pasado 12 de diciembre, antes de las explosiones que dejaron los puestos reducidos a cenizas, escombros y metal retorcido, el gobierno de la ciudad se jactaba en un comunicado de prensa de que el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia había calificado al mercado llamado San Pablito como el más seguro de toda la región.

300 puestos de pirotecnia, miles de compradores de los cuales 33 hallaron la muerte. 40 heridos y condolencias del Papa Francisco. Tultepec pintó de blanco su cielo al igual que los hospitales en los cuales se atiende a las víctimas y donde los médicos afirmaron que desde ayer: “la sala de urgencias olía a pólvora”.

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Información y fuentes retomadas de: El Universal, Reforma, BBC Mundo, Sin Embargo, Animal Político. 

La “Casa Blanca” de Javier Duarte

Por: Oliver López 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló el viernes pasado que las irregularidades cometidas en el manejo de recursos públicos durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz llegaron a un índice histórico.

La ASF detectó desviaciones por 35 mil millones de pesos y hasta el momento se han registrado 54 denuncias al respecto. Las denuncias realizadas son a razón de que dichos recursos estaban destinados a ciertos fines; sin embargo, el gobierno los utilizó para otros.

Uno de esos fines, en el caso de Javier Duarte, fue la compra de una residencia de lujo en Miami, Florida con un costo de 8 millones de dólares, según reveló el diario Reforma el pasado viernes 4 de noviembre. El diario mencionó que Duarte compró en 2014 el inmueble mediante un prestanombres.

La “Casa Blanca” de Duarte se encuentra ubicada en el 277 Marinero Court en Coral Gables en la exclusiva zona de Cocoplum. Además, de los 8 millones gastados para la compra de la propiedad, el –hoy prófugo de la justicia– gastó 2 millones de pesos más para una remodelación.

Después de la remodelación, la “Casa Blanca” de Duarte ahora cuenta con dos niveles, ascensor, piscina climatizada, cocina al aire libre, acabados en mármol, cancha de baloncesto, siete dormitorios, nueve baños completos, cocheras con tres accesos y está rodeada de amplios jardines y palmeras. Además, cuenta con acceso a un atracadero de yates.

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¿Dónde está Javier Duarte? ¿Estará en Chiapas como había vaticinado el padre Solalinde o la “Casa Blanca” será el refugio actual del ex gobernador del estado de Veracruz?

La respuesta aún no se sabe, pero de lo que se está seguro hasta el momento es que en el entramado del saqueo a Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no sólo participaron funcionarios por él designados. También formaron parte, de manera destacada, viejos amigos del gobernador con licencia y abogados fiscalistas que operaban desde la Ciudad de México para movilizar los recursos del erario.

Y, el más conocido hasta ahora es el abogado Alfonso Ortega López, quien como colaborador de la Procuraduría General de la República (PGR) ha explicado cómo operó la red de sociedades para adquirir inmuebles y otros bienes para el ahora prófugo gobernador con licencia tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con información de la revista Proceso publicada el 2 de noviembre.

De mayor importancia en la operación con los recursos públicos y quien es referido a Proceso por distintos excolaboradores cercanos a Duarte es José Juan Janeiro Rodríguez, un abogado fiscalista que tenía su despacho en Polanco, en la misma zona donde también se le atribuyen propiedades al mandatario prófugo.

Abogado de la Escuela Libre de Derecho (ELD), Janeiro Rodríguez es quien movía los recursos. “Daba órdenes y se metía a las oficinas de los funcionarios, poniendo siempre por delante el nombre del gobernador”, dice el testigo sobre la presencia del experto fiscalista también en la oficina de Duarte.

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FCPyS: La boca del lobo de C.U.

Por: Oliver López

  • 60 botones de pánico han sido colocados en los baños de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a raíz de una ola de violencia que se acrecentó desde febrero. A pesar de ello, las mujeres y hombres de la FCPyS dicen sentirse inseguros, y los trabajadores siguen sin reconocer el protocolo de seguridad para actuar adecuadamente.

Una mano comenzó a deslizarse debajo de uno de los cubículos del baño de mujeres en el edificio A de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). Una bolsa de mano que se encontraba en el piso se arrastró hasta llegar a desaparecer de la vista de ella. La puerta de a lado se abrió y el hombre corrió con la ilusión de desaparecer de la vista de aquella joven.

Ella decidió salir en busca de él. Sacó su celular y, al ver que la lentitud del hombre era algo digno de aplaudirse, logró llegar al baño de hombres donde ella lo tomó por la camisa empujándolo contra la pared amarillenta del baño. Apuntó la cámara de su celular a su rostro y apretó el botón. Eran alrededor de las 8:00 pm del día 17 de febrero del 2016.

Mientras este joven era confrontado por la estudiante, en otro punto de la Facultad un hombre vestido de negro con una paleta de banca en las manos se acercó a otra estudiante. Al verla desprevenida –entre los pasillos solitarios– decidió golpearla justo en la cabeza. Las suturas que la joven recibió posteriormente revelaron que el golpe pudo haber arrancado su oreja. Ella, a diferencia de su compañera, no pudo reaccionar. El hombre había escapado perdiéndose en la oscuridad de los jardines de la FCPyS.

El día 17 de febrero del presente año se convirtió en un día negro no sólo para la FCPyS, sino para toda la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aquel día, además del caso de ambas jóvenes, se había suscitado un tercer intento de robo del cual nunca fueron revelados los detalles. Había existido un ataque triangulado; sin embargo, el personal de vigilancia no pudo hacer nada al respecto.

El agresor capturado en la pantalla del celular no pudo ser sancionado por la Unidad Jurídica de la Facultad, ya que no existen protocolos para sancionar y erradicar la violencia de género en la Universidad. Lo único que la Unidad Jurídica hizo con el agresor fue remitirlo al Ministerio Público Universitario ubicado cerca del Metro Universidad.

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Supuesto agresor que robó bolso a estudiante en febrero del 2016. Fuente: Facebook

A partir del caso de las tres estudiantes agredidas, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continuó con la investigación –según información de El Universal– y encontró que en los primeros 30 días del 2016 se habían registrado en la FCPyS cinco denuncias de robo perpetuadas dentro del plantel. Las víctimas poseían el mismo perfil: mujeres a quienes se les habían quitado su celular, dinero en efectivo y bolsos.

Según la investigación de la procuraduría capitalina, el agresor es el mismo que desde 2012 ha realizado diversos robos junto a otras cuatro personas, quienes –según la procuraduría– se esconden en el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, por lo que su ubicación se ha dificultado. Mientras tanto, la FCPyS a altas horas de la noche se ha convertido en la boca del lobo para los estudiantes del plantel.

 

Botones, cámaras, credencialización… ¡Ayuda!

Bajo el nombre “Red No Están Solas”, estudiantes y grupos feministas marcharon en mayo de 2014 para denunciar los nulos mecanismos de seguridad y de protección que tienen las mujeres de la FCPyS. Según información de El Universal del día 14 de mayo de 2014, las mujeres del colectivo explicaron que sus consignas se debían a que las denuncias de tres alumnas agredidas fueron ignoradas por las instancias jurídicas de la Facultad.

El grupo de mujeres había enviado una carta al aquel entonces director de la FCPyS –Fernando Castañeda– y a la instancia de Derechos Humanos de la UNAM donde exigían la expulsión definitiva del agresor, Juan Carlos “N”. Asimismo, velaban por la creación de protocolos y reglamentaciones que sancionaran a los agresores y protegieran a las víctimas.

El rumor acerca de la instalación de cámaras y del sistema de credencialización comenzó a propagarse por los salones y pasillos de la FCPyS. El martes 5 de mayo del 2015 –según información del portal digital La Izquierda Diario– estudiantes y profesores acudieron a la sala del Consejo Técnico de la Facultad donde se discutió la instalación de dichas medidas de seguridad.

Las 700 firmas recolectadas por profesores y alumnos, que fueron entregadas a la administración de dicha discusión, no fueron tomadas en cuenta y estudiantes de diversas carreras apelaron por ampliar la discusión donde toda la comunidad de la Facultad (profesores, maestros, trabajadores) pudieran participar en un proyecto en común que diera solución al problema de violencia en el plantel.

La instalación de cámaras y credencialización para el acceso a la Facultad fueron medidas que el ex director –Fernando Castañeda– quiso implementar en diversas ocasiones. En el semestre 2015-1, su administración ordenó que se solicitara desde el primer día de clases la credencialización: medida que tomó por sorpresa a los alumnos quienes manifestaron su descontento, lo cual frenó dicha iniciativa.

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Fernando Castañeda Sabido: ex director de la FCPyS. Fuente: diario.mx

Asimismo, el intento de colocar cámaras de seguridad también fue una iniciativa que fue reprimida por los estudiantes, quienes argumentaban el uso criminalizador de la misma como ocurrió en el caso de las grabaciones de dos años de asambleas estudiantiles realizadas en el Auditorio Justo Sierra encontradas en noviembre de 2014.

Igualmente, otra denuncia de los alumnos –reportadas por La Izquierda Diario en mayo de 2015– fue la manipulación de la información obtenida por las cámaras de vigilancia de la UNAM. Tal es el caso de la negación de ofrecer videos para esclarecer la investigación del asesinato del activista y estudiante de la FFyL –Carlos Sinuhé– en el año de 2011. Y sobre el asesinato de Adriana Morlett, estudiante de Arquitectura, a quien se le había visto por última vez cerca de la Biblioteca Central.

Todo estos mecanismos de seguridad (credencialización y cámaras de seguridad) no solamente eran propuestas provenientes de la comunidad estudiantil de la FCPyS, sino que iban en sintonía con lo estipulado en el Manual de Seguridad de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (del cual la UNAM forma parte) y que fue elaborado en 2011 con la colaboración del ex secretario de Seguridad –Genaro García Luna–.

Dicho manual plantea una alineación en lo que respecta a las medidas de seguridad de las instituciones universitarias al plan de seguridad nacional basado en la militarización y criminalización al consumo de drogas.

 

Los botones de pánico de Angélica Cuéllar

El silencio de la Facultad hacía sintonía con los pasillos relucientes propios del inicio de la primera semana de clases. Las puertas de los salones de la planta baja del edificio B se hallaban cerradas; todos estaban en clase. Alrededor de las 8:00 de la mañana sonó una alarma que generó desconcierto en los alumnos. Ni un solo grito. Pasaron los minutos y la sirena sonaba sin que alguien la desactivara.

La alerta provenía del baño de mujeres ubicado cerca del primer piso del edifico B del plantel. Un trabajador de seguridad afirmó: “Una chica activó por descuido el botón de pánico. Se confundió con el botón de la puerta”. El hombre con la chaqueta azul y letras doradas en su pecho que decían “Vigilancia UNAM” decía que la alarma aún sonaba porque necesitaba un código, el cual aún no tenía.

Estudiantes se acercaban a la “supuesta escena de la agresión” con sus manos tapando sus oídos. Sólo observaban una puerta abierta de la cual nadie salía, mientras otros bajaban las escaleras sin saber realmente lo que había sucedido. Así transcurrió la “falsa alarma” hasta que cuando todos volvieron a sus salones ésta cesó su pitido. Sin embargo, a los 10 minutos volvió a activarse con mayor intensidad y más rápido; todo parecía indicar que esta vez no era una falsa alarma, sino todo lo contrario.

La alerta parecía provenir del mismo sitio, pero esta vez un ligero grito con voz femenina alcanzó a escucharse. La alarma se desactivó a los escasos segundos y ya no se supo qué ocurrió después. Esta falsa alarma no únicamente ocurrió el pasado viernes 12 de agosto, sino que, asimismo, la estudiante Dulce Carranza afirmó que el día lunes 8 de agosto, entre la primera y segunda hora de clases, había sonado la alerta de pánico.

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Botones de emergencia colocados en baños de la FCPyS. Fuente: El Universal.

La Doctora Angélica Cuéllar –actual directora de la FCPyS– desde el inicio de su campaña rumbo a la dirección del plantel aseguró que iba a adherirse a los planes de seguridad implementados por el rector de la UNAM, Enrique Graue. De ese modo, decidió durante el periodo vacacional instalar 60 botones de pánico dentro de los cubículos sanitarios de la Facultad aunado a paredes más largas que aislaran a las estudiantes en caso de cualquier intento de agresión.

Antes de la inauguración del ciclo escolar, los nuevos estudiantes tuvieron una semana de bienvenida en la cual se les habló acerca de los botones de emergencia recién implementados. El coordinador del Centro de Estudios Políticos, Khemvirg Puente Martínez, afirmó en entrevista con el portal de noticias etcétera.com.mx que los botones deben ser usados en emergencia y no sólo para generar una alarma.

“Nos pidieron en la coordinación que no diéramos muchos detalles con respecto a los botones para no asustar a los chavos a pesar de que toda la primera semana de bienvenida estuvieron sonando cada 10 minutos”, comentó una monitora durante la semana de bienvenida, quien decidió guardar el anonimato.

Igualmente, en la nota del 28 de julio, El Universal afirmó que el día de la semana de bienvenida uno de los botones de pánico fue activado por accidente y los vigilantes habían tardado en llegar 30 segundos. A pesar de esto, uno de los trabajadores de limpieza de la Facultad –que fue entrevistado por el diario– señaló que las autoridades de la Facultad no les han dicho cómo debe ser el protocolo para actuar en caso de que algún botón se active.

“Ni los alumnos saben. Hicimos algunos letreros para pegarlos junto al botón porque sonaban cada 10 minutos o media hora, pero ni nos han pagado tiempo extra desde marzo; así cómo le vamos a echar ganas”, comentó un trabajador de limpieza a El Universal.

Además, los propios trabajadores de seguridad afirman que ellos no tienen la autoridad para detener a los delincuentes y agresores, ya que está prohibido. Además, no cuentan con armas y lo único que pueden hacer es pedir al agresor que se identifique y, si no son de la Facultad, sólo les piden que se retiren.

La Secretaría  Administrativa de la UNAM sabe de esta situación y afirmó a El Universal que, por el momento, no hay presupuesto para contratar a más vigilantes o de instalar videocámaras en el plantel.

Ante el desconocimiento del personal de seguridad sobre los protocolos de seguridad,  un profesor adjunto del plantel -que decidió guardar el anonimato- comentó lo siguiente: “El semestre pasado ayudé a una chica que era alumna de aquí para que levantara una denuncia por un percance ocurrido en el baño y los de seguridad no sabían qué hacer. Si algo pasa en los baños, los de seguridad no tienen facultad para hacer nada. Lo único que podría hacerse es llevar el caso a Ministerio Público de Ciudad Universitaria, pero ninguno de los de seguridad lo hace porque está lejos y se gasta tiempo”.

Mientras tanto, a pesar de contar ya con los botones de emergencia, los estudiantes de la Facultad continúan sintiéndose inseguros porque afirman que los robos que ocurren son también auspiciados por los propios trabajadores de la Facultad, auxiliares de intendencia y vigilantes.

“Sinceramente las mujeres en la Facultad no lo han tomado con seriedad (lo de los botones) y se han escuchado en la semana por quienes lo apretaban por curiosidad. Con o sin los botones me sigo sintiendo insegura por el hecho de que cualquiera puede entrar a la Facultad”, dijo Andrea Arzola –estudiante de Ciencias de la Comunicación–.

Los botones de emergencia –según El Universal– fueron instalados en la Facultad de Medicina desde hace dos años, pero han sido removidos debido a que no funcionaban. La FCPyS hizo su pronunciamiento oficial a la comunidad del plantel vía Facebook con un video de la Coordinación de Atención a los Estudiantes; sin embargo, los recientes hechos confirman que sigue existiendo desconocimiento de su uso responsable.

“Creo que sí es una buena medida inicial para combatir el problema, pero sólo es una medida preventiva. Ahora falta que los directivos tomen más acciones ya no para prevenir, sino para erradicar”, comentó una estudiante de Comunicación quien decidió guardar el anonimato.

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La boca del lobo de Ciudad de Universitaria ha implementado nuevos mecanismos de seguridad. Desde 2015, la Comisión de Género Estudiantil es la única que funciona hasta el momento en lo que respecta a discutir los problemas de la comunidad de la FCPyS. Angélica Cuéllar ha iniciado su periodo como directora del plantel y el alumnado agradece que haya existido una pronta respuesta al problema.

Nuevo inicio escolar, dos alarmas, ningún incidente: operaciones fallidas de prueba para el equipo de Vigilancia UNAM. Las mujeres esperan porque el botón no vuelva a sonar y si lo hace saben que aún no están a salvo. Las sirenas siguen sin alertar al lobo que las acecha y éste continuará en búsqueda de un robo, una agresión o hasta una violación.

Los apartamentos #304 y #404 de Angélica Rivera

Por: Oliver López (Don Errata)

El día de hoy, el diario británico The Guardian reveló que la primera dama, Angélica Rivera de Peña, utiliza un apartamento de lujo en Miami, Estados Unidos, comprado por la compañía Grupo Pierdant (perteneciente al empresario Ricardo Pierdant), que aspira a competir por contratos públicos del Gobierno Federal en lo que respecta a la gestión de los puertos mexicanos.

Según la información brindada por The Guardian, Grupo Pierdant ha pagado los impuestos asociados a los apartamentos en Miami adquiridos –en un principio– por una compañía establecida por Rivera llamada Unit 304 OTO Inc. 

Los apartamentos con el número 304 y 404 se encuentran en el interior del complejo vallado Ocean Tower One ubicado en 799 Crandon Blvd., los cuales cuentan con piscina y  canchas de tenis.

Angélica Rivera compró en 2005 un apartamento con tres habitaciones con el número 304 de dicho complejo en el cual vivió un año con sus hijas. Éste departamento (el #304) fue el que mencionaría Rivera en sus declaraciones públicas en noviembre del 2014 sobre la “Casa Blanca” y sus múltiples propiedades.

Sin embargo, Grupo Pierdant adquirió mediante la firma Buscayne Ocean Holdings en 2009 el apartamento #404 del mismo complejo Ocean Tower One. Y para marzo de 2014, Grupo Pierdant asumió el pago de los impuestos sobre ambas propiedades (#304 y #404).

La relación entre el grupo empresarial y Rivera –según The Guardian– era más que entrañable a pesar de los intentos recientes del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, por desmentir que no existe relación alguna entre el empresario Ricardo Pierdant y el Gobierno Federal.

El pasado 21 de junio, el portal independiente de periodismo de investigación enlapolitika.com reveló –según documentos obtenidos por ellos– que Angélica Rivera sí es propietaria del segundo apartamento (#404) en la ciudad de Miami en la dirección 799 Random Blvd Unidad #404, misma dirección del primer departamento que hizo público Rivera en sus declaraciones de 2014.

El segundo apartamento en Miami de la Pareja Presidencial tiene un tamaño de aproximadamente 3000 pies cuadrados, cuenta con 3 recamaras y 4 baños completos. El portal de bienes raíces www.zillow.com tiene valorado este segundo apartamento en 3 millones 529 mil dólares.

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Departamento #304 de Angélica Rivera

Conflicto de interés: Pierdant-Rivera

De acuerdo al número de expediente 24-5205-066-0430, consultado por enlapolitika.com,  el 3 de marzo del 2014 la esposa del presidente Enrique Peña Nieto pagó 29 mil 703 dólares por concepto del impuesto predial por el inmueble ubicado en el domicilio 799 Crandon Blvd  Unidad #304, el pago fue hecho a través de la empresa Biscayne Ocean Holdings LLC según consta la factura #ECHECK-14-104628 del condado de Miami-Dade.

El mismo 3 de marzo del 2014, la misma empresa que pagó 29 mil 703 dólares por concepto del impuesto predial por el departamento de Angélica Rivera, efectuó otro pago por el mismo concepto, pero a favor del inmueble ubicado en el domicilio 799 Crandon Blvd Unidad #404, según consta la factura #ECHECK-14-104634 del Condado de Miami-Dade.

El 22 de enero del 2010, Biscayne Ocean Holdings LLC empresa que pagó el predial del departamento de Angélica Rivera, adquirió por la cantidad de 2 millones 50 mil dólares, el departamento ubicado en el domicilio de 799 Crandon Blvd Unidad #404.

Esta empresa (Biscayne Ocean Holdings LLC) fue registrada en el estado de Florida el 17 de diciembre de 2009 donde Ricardo Pierdant aparece como oficial de la empresa. Además, Darío Celis del diario Excélsior publicó que Ricardo Pierdant y Juan Armando Hinojosa Cantú son conocidos y pretenden participar en licitaciones del Gobierno Federal.

 

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Departamento #404 de Rivera

 

¿Se encuentra Rivera en los apartamentos #304 y #404?

Julio C. Roa, fundador del portal enlapolitika.com, realizó una llamada telefónica en junio de 2016 al departamento #304 de Rivera con el objetivo de que alguien confirmara la posesión del segundo apartamento.

Roa inició la conversación telefónica haciéndose pasar como un personal de una empresa de paquetería mencionando que tenían que entregar un paquete para la Sra. Rivera y que querían saber en cuál de los dos apartamentos podían dejarlo, si en el #404 ó el #304.

La persona que contestó al principio se mostró reticente y dijo que no estaba autorizada para dar información, pero al ver que sólo se trataba de recibir un paquete, aceptó que se dejará en el apartamento 404.

Para reconfirmar que el departamento #404 también es propiedad de la esposa del presidente Enrique Pena Nieto, Julio C. Roa realizó otra llamada telefónica nuevamente haciéndose pasar como empleado de mensajería.

El supuesto paquete a entregar consistía en una botella de vino proveniente de Quebec. La persona que contestó la llamada nuevamente confirmó que la primera dama de México efectivamente posee otro departamento con el número 404. Ricardo Pierdant y Angélica Rivera sí estuvieron involucrados.

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Lobby del complejo habitacional Ocean Tower One.

 

 

 

Caso Nochixtlán: Las violaciones de la Policía Federal

Por: Don Errata (Oliver López)

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La Policía Federal cuenta con un protocolo para el uso de la fuerza. El Manual de uso diferenciado y progresivo de la fuerza es un documento que consta de 93 páginas y posee un apartado con el número 4.6 que hace referencia a los procedimientos en torno a manifestaciones. Éste mismo fue violado por las autoridades policiales el día 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca debido a que los federales –como dice su manual– “tampoco pueden emplear el uso de la fuerza como forma de castigo directo”.

La autorización para que la Policía Federal (PF) utilice armas de fuego o letales es sólo en defensa propia o de un tercero, para un delito grave que amenace su vida, para detener a una persona que represente peligro o que oponga resistencia a la autoridad o para una persona en fuga con peligro de lesiones graves o de muerte. Sin embargo, pese a estas ambigüedades en cuanto al uso de las armas letales por parte de la PF, el apartado 1.6.1 del Manual menciona lo siguiente:

“En cualquier caso, sólo podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Deben usarse de manera menos lesivo, ejerciendo moderación y tratando de reducir al mínimo los daños”.

No obstante, la PF hizo caso omiso del manual y el 19 de junio actúo en defensa propia dejando un saldo de ocho personas, un centenar de heridos, dos desaparecidos y 23 detenidos arbitrariamente, quienes ya fueron liberados.

A continuación, la violaciones llevadas a cabo por los propios federales:

  • La mañana del 19 de junio, tras desalojar la carretera de Tehuacán-Oaxaca, agentes de la Policía Federal ingresaron a Nochixtlán donde, desde un helicóptero, lanzaron bombas de gas que estallaron en el techo de un hospital –principalmente – en el área de cuneros y en uno de los accesos del nosocomio. (El apartado 4.6 del Manual mencionado al inicio de esta columna afirma que la Policía Federal debe evitar el uso de gases en inmediaciones de hospitales y escuelas).
  • En numerosas marchas en la Ciudad de México o Oaxaca, ha quedado documentado que la intervención policiaca se brinca el nivel de interacción en el caso de negociar sobre el repliegue de los manifestantes. Y, como ocurrió el pasado 19 de junio, la Policía Federal no medió palabra previa a la actuación disuasiva, según testimonios de maestros que bloqueaban la autopista.
  • Jesús Cadena Sánchez y Anselmo Cruz Aquino murieron a orillas de un arroyo cercano a la carretera. Los hermanos de Anselmo contaron a Proceso que intentaban llevar a un herido cuando, desde donde estaba ubicado el contingente de los federales, éstos les dispararon. (En el Manual se insiste que el abuso de armas no debe ser letal ni siquiera para abatir al infractor e –inclusive– se especifica que no debe dispararse mientras haya personas que corren, huyen o caen).
  • En Nochixtlán no sólo se agredió a quienes no participaban en el ataque armado, sino que en el caso de los heridos hubo tiros a discreción también prohibidos, ya que el Manual estipula que solamente deben realizarse disparos selectivos.
  • En el Manual no se considera el uso de armas letales, más bien se asigna a la PF entrar en un espacio de negociación y advierte de diferentes previsiones para el uso de dichas armas: tácticas de ubicación de líderes, no emplear la fuerza con personas que huyen o caen, dejar de usar la fuerza al cese de la resistencia; evitar arrebatar pancartas; no usar objetos arrojados por los inconformes y siempre usar el tolete.
  • Los policías deben auxiliar a los lesionados, notificar a sus familias, brindar primeros auxilios cuando sea necesario, etcétera. Esto es lo que la Policía Federal no hizo en Nochixtlán.

Así es como las anteriores fueron algunas de las principales violaciones que llevó a cabo la Policía Federal hacia su propio Manual de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. El uso de armas letales y bombas de gas en lugares indebidos terminaron por sumar un incidente más al sexenio de Enrique Peña Nieto. Nochixtlán rememora aquel caso entre los comuneros de San Salvador Atenco y la Policía Federal durante la gubernatura de Peña Nieto en el Edo. de México. Dos mil personas de cinco grupo afines a los maestros disidentes emboscaron a los policías y hasta el día de hoy ya sabemos cómo terminó todo. El conflicto magisterial se ha convertido en una mancha más en el sexenio de Peña Nieto en materia de Derechos Humanos. La fuerza de la CNTE comienza a cimbrar el territorio nacional.

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Los Olvidados de Bicentenario

Por: López López Rafael Oliver (Don Errata)

  • Operadores del Corredor Reforma-Bicentenario se preocupan día a día por lo que ocurrirá con sus empleos a raíz de la próxima apertura de la Línea 7 del Metrobús que pasará por dicha avenida. El número de unidades será menor a la actual y la mayoría de ellos quedarán desempleados.

 

2Las monedas caen directamente sobre el contenedor ubicado a unos pasos de las escaleras. A un lado de éste se encuentra Marco Antonio quien tras el volante mira fijamente cómo sus usuarios entran uno a uno por la puerta delantera hasta llenar su camión. Observa en aquella alcancía de la unidad del Corredor Bicentenario un pago que dentro de unos meses se habrá extinguido. Dice que ha manejado autobuses desde los 13 años y tiene miedo de no pasar el examen para entrar como operador del Metrobús. Las 180 unidades actuales del Corredor serán sustituidas por 90 nuevas de la próxima Línea 7. La guerra laboral comienza a inundar en la conciencia de los operadores, quienes saben que tarde o temprano los removerán de sus trabajos.

“Hay algunos que no tenemos estudios y vamos a tener que buscar en otra parte”, es la frase con la que Juan Carlos Rodríguez resume la inquietud  de la mayor parte de los operadores quienes se encuentran con cierto temor por no saber dónde colocarse una vez que inicie la construcción de la Línea 7 del Metrobús. Sin embargo, existen otros que afirman que no resultarán afectados, sino todo lo contrario. La desaparición del Corredor Reforma-Bicentenario generará pérdidas de empleos, pero –para otros– será el ingreso a una mejor calidad de vida laboral.

La mayor parte de los medios de información se han encargado de velar por la revelación de cuestiones allegadas al proyecto de la nueva línea del Metrobús; no obstante, detrás de éste, existen historias de personas que serán afectadas por la construcción de este nuevo medio de transporte colectivo en la Ciudad de México.

 

Al borde de la desaparición

El Corredor Reforma-Bicentenario, según una nota de Portal Político.tv del año 2009, dio banderazo de salida el 2 de agosto del 2009 a manos del ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón. Se trató de la apertura de un corredor vial cuya extensión era de 28.5 kilómetros y que estaba planeada –desde ese entonces– para ir desde Santa Fe hasta Indios Verdes. ParaEbrard ello, el gobierno tuvo que extinguir la antigua Ruta 2 de microbuses que atendía la misma trayectoria y fue de tal modo como los concesionarios de la antigua Ruta 2 y los concesionarios de Bicentenario fundaron la empresa transportista que actualmente opera sobre avenida Reforma.

Para ello, se sustituyeron 365 microbuses y se inició el proyecto con una inversión de 250 millones de pesos en una primera etapa y de 25 millones más en una segunda etapa, según información de Reporte Índigo.

Además, el principal cambio por el cual apostó el gobierno capitalino fue la inmersión de un transporte con estándares internacionales que contara con paradas específicas instaladas a lo largo del Corredor y con el funcionamiento de las barras contadoras ubicadas en las puertas de ascenso que evitarían que éstas alcancías fueran “ordeñadas” por los propios operadores. Y, desde ese momento –como bien anunciaría el informe de Centro Transporte Sustentable (CTS) de 2010– los operadores han tenido que entregar una cuenta diaria de 800 pesos a su concesionario.

Según información obtenida a través del sistema de acceso a la información pública, actualmente el número de concesionarios que participan en el Corredor Reforma-Bicentenario es de 369, el Corredor cuenta con 180 autobuses y transporta al día 15 mil 440 pasajeros. En cada uno de esos 180 microbuses se encuentran las historias, no solamente de los operadores de los autobuses, sino también las de los supervisores quienes pese a su avanzada edad quedarán sin trabajo una vez se extinga el Corredor.

“Van a desmadrar Reforma”, dijo Mario Campos –supervisor de Bicentenario– además comenta que sobre avenida Reforma existen únicamente tres carriles para circular y que, ahora con el ingreso de la Línea 7, solamente quedarán dos puesto que el tercero será exclusivo únicamente para el Metrobús. (Hoy en día, los autobuses del Corredor Bicentenario y autos particulares pueden circular en el mismo carril).

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Mario Campos afirma que las autoridades no se han acercado a hablar con ellos y dice que no sólo él, sino que varios quedarán sin trabajo. “Y luego quieren meter 90 camiones y con 180 no nos damos abasto. Nos va a cargar la chingada; esto es un total fracaso, pero no lo quieren ver”.

Campos dice que hay gente como él de 61 años que ya no podrá ser parte de la Línea 7 y menciona que, para la gente de su edad, la única opción será convertirse en vendedor ambulante o en –últimas instancias– robar. La misma situación ocurriría con Vicente Martínez, también supervisor del Corredor Bicentenario, quien mencionó que a sus 60 años su única alternativa es dedicarse a su taxi o ser mantenido por sus tres hijas, porque para la nueva línea del Metrobús la edad máxima de contratación será de 45 años.

“Van a quedar miles de desempleados como pasó con los de la Ruta 2. Ahí eran como 200 unidades colectivas y no les dieron trabajo a algunos y se quedaron sin empleo. Actualmente, hay mucha gente que come del Corredor”, afirmaría Vicente Martínez con respecto a lo que próximamente sucederá no sólo con él, sino también con sus compañeros.

No obstante, otro de los supervisores del Corredor llamado Javier Rodríguez explica que la construcción del Metrobús en Reforma no es una buena opción para ellos como transportistas. “Lo vemos en Insurgentes donde no se pueden ni subir en horas pico. Aquí lo hacen por negocio para unos cuantos y ya no para los que sí son verdaderos transportistas de aquí en Reforma”, comentaría Javier Rodríguez.

Además, con respecto al destino de las actuales unidades actuales del Corredor, el supervisor Javier Rodríguez declararía lo siguiente: “No son viejas, pero se van a sustituir. Son unidades Mercedes Benz del 2009 y con un buen mantenimiento no habría necesidad de sustituirlas”. Es decir que actualmente el parque vehicular del Corredor, a pesar de contar con buenas condiciones, no será reutilizado para la Línea 7 del Metrobús y así lo reafirmaría Martha Patiño –concesionaria de Bicentenario y líder transportista– en una nota de Publimetro del día 8 de marzo: “Aunque todavía les queda vida útil, no serán reubicadas en otras rutas, debido a que la intención del gobierno es la renovación integral de toda la flota”.

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Jorge Rocha Álvarez –Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús– comenta en entrevista que éstas unidades (las de Bicentenario) son propiedad de los 369 concesionarios, que ellos son los que tendrán la última palabra sobre el destino de las mismas y que para poder reubicarlas en otras rutas la encargada de ese proceso será la Secretaría de Movilidad (Semovi). Además, mencionó que con los microbuses sí se sigue una política de destrucción; “lo que puede pasar con las unidades de Bicentenario es que las repotencien y las vendan en el estado de México”, afirmó Jorge Rocha.

No obstante, el propio Javier Rodríguez –supervisor del Corredor Bicentenario– explica el modus operandi en que se llevará a cabo la afectación para sus compañeros: “Les va a afectar porque son menos unidades. Aquí son 180 y hay tres turnos (matutino, vespertino y nocturno). Vamos a hablar de tres operadores por día en un sólo camión y luego ese parque vehicular lo van a rebajar a 90 unidades. Imagínate la cantidad de gente que van a quitar, y luego aquí tampoco te van a liquidar”.

Es así como existe la preocupación por parte de los transportistas del Corredor Bicentenario donde es probable que algunos agarren un taxi o terminen delinquiendo como también lo afirmaría el supervisor, Javier Rodríguez.

Los olvidados

“Tenemos un trabajo mal pagado. Aquí para poder sobrevivir –más o menos– tienes que trabajar 15 horas para sacar un sueldo y poderla sobrellevar, pero no para crecer. Aquí no creces nada, al contrario, vas para abajo. Tenemos hasta profesionistas laborando aquí: ingenieros, licenciados, hasta doctores. Y por ocho horas de trabajo sólo te dan doscientos y tantos pesos”, comenta el supervisor Javier Rodríguez.

En el Corredor existen 270 operadores. Algunos han manejado desde su adolescencia este tipo de camiones y otros únicamente están ahí por que es lo único que saben hacer. ¿Qué futuro les deparará a cada uno de estos transportistas?

Armando Galv5án, operador de la unidad No.110 del Corredor Bicentenario, menciona que para él la búsqueda de una oportunidad laboral en la nueva línea del Metrobús dependerá de su desempeño. Menciona que debe existir una ética del operador donde no deben existir accidentes o que no deben cobrar de mano, o que no tengan muchas faltas, ya que esas son cuestiones que la nueva empresa tomará en cuenta.

Sin embargo, Armando Galván comenta que dicha situación sí les afectará directamente porque es posible que no lo puedan contratar. Y afirma: “Pero si tú haces las cosas bien, a lo mejor sí tienes la posibilidad de que te escojan porque ellos (próxima empresa concesionaria de la Línea 7) hacen un currículum de cada operador que hay en la empresa para saber quién es buen conductor y quién no. Y de ahí van descartando gente, ya dependerá de uno pasar los cursos de la nueva empresa para poder ingresar”. Por lo tanto, los cursos de ingreso a la nueva Línea 7 se convertirán para los operadores en la principal fuente de trabajo a la que podrán acceder.

Armando Galván, después de trabajar año y medio, afirma que entró como operador del Corredor Bicentenario con la esperanza de poder ser parte de la nueva línea del Metrobús. Sin embargo, considera que –en caso de entrar– el sueldo sería un factor muy importante:

“Lo que tengo entendido es que van a pagar menos que aquí. Nuestro sueldo actual es de 1,650 por semana. En Metrobús ahorita está el sueldo en 1,800 catorcenal. Además, aquí no tenemos muchas prestaciones que digamos: ni vacaciones, ni uniformes. Aquí las cajas de ahorro no existen y si no trabajas en días festivos, te los descuentan. En Metrobús es todo lo contrario, ahí sí existen todas estas prestaciones”.

Por lo tanto, el entrar al Metrobús sería un paliativo ante las escasas condiciones laborales en las que se encuentran actualmente los operadores. Por eso, una vez que salga la convocatoria de la nueva empresa, gran parte de éstos acudirán a realizar los cursos de preparación con el anhelo de quedar seleccionados o de lo contrario quedarán desempleados. Y esta contratación, cómo bien diría Armando García: “Ya dependerá de la capacidad de cada uno”.

 

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Además, a la par de la voz de Armando García, estaría la del operador de 36 años –Alexander Gómez– quien es el más joven del Corredor con sólo 6 meses de haber ingresado y comenta que sus líderes no le han dicho nada al respecto. “Ellos vienen con su gente y nosotros vamos para afuera”, afirmó Alexander.

Así, la situación de los operadores está en un volado como bien diría Miguel Ríos. Menciona que antes trabajaba en la Ruta 2 y rentaba placas, además de que a los 19 años tuvo a sus hijos y, con lo que ganó en el Corredor, pudo fundar su casa. “Antes había mucha oportunidad, ahorita ya no existirá eso”, afirmó.

Asimismo, Miguel Ríos comentó que la situación que atraviesan tanto él como sus compañeros parte de toda la gente que está involucrada en el proyecto del Corredor. El operador comentó que existen 375 accionistas, quienes están participando con alrededor de 200 mil pesos. Y menciona que las principales empresas del Corredor (Covilsa y Bicentenario) se juntarán para poder participar en el nuevo proyecto del Metrobús que es muy ambicioso, debido a que cada autobús cuesta alrededor de 12 millones de pesos.

A la par de Miguel Ríos, también está el testimonio del operador Jaime Chías Álamo quien maneja la unidad No.079 del Corredor Bicentenario y afirma que él, en comparación con los demás, no le gustaría ingresar a la nueva Línea 7 del Metrobús, debido a que él –desde antes– ya había trabajado como operador de dicho transporte y confiesa que no le gustó. “Cambia mucho. Por ejemplo, aquí trabajamos un sábado sí o luego un domingo, no. Y en Metrobús no es así. Ahí te tienes que ganar un descanso en fin de semana”, afirmó.

Igualmente, comentó que una vez que lo remuevan de su puesto buscará trabajo en muchas de las otras líneas existentes, mientras tanto confiesa con respecto a su emoción por ser operador lo siguiente: “Por ahora sí me gusta ser operador de este Corredor, pero cuando se acabe este despapaye, podré decirle adiós”.

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Para conocer la postura oficial de los funcionarios allegados a la Semovi, con respecto al destino de los actuales operadores del Corredor Bicentenario, se recurrió a Claudia Patricia Recules Velasco –Directora del Fomento al Transporte de la Semovi– quien dijo: “Reitero que yo no estoy facultada para dar información al exterior de algo que aún no hay información oficial y ésa solamente la puede dar mi jefe. Aquí en corto digo que esa parte es complicada porque la información que yo podría proporcionar pudiera generar un conflicto social. El medio de transporte es un medio muy delicado y las personas suelen interpretar las cosas de muchas maneras y entonces hay problemas. No puedo dar información hasta que el director general Moisés Israel Bussey García me dé autorización”.

De este modo, la Secretaría de Movilidad quien es la encargada de velar por la dinámica del transporte colectivo en la ciudad y –a su vez– por lo que corresponde a los Corredores de transporte y otorgamiento de concesiones, se negó a dar opinión alguna sobre la próxima situación de los operadores de Bicentenario y de la Línea 7 del Metrobús. La Secretaría se ha vuelto visto involucrada en supuestos encubrimientos y facilidades que ha otorgado a ciertos concesionarios que han acaparado los Corredores de Transporte en la Ciudad de México, según lo expondría Reporte Índigo en una nota del 16 de octubre del 2013 donde menciona que la Semovi (antes Setravi) enfrentaba ya –desde ese momento– problemas legales por la operación de un nuevo corredor vial que circulaba por la misma ruta a la par de Bicentenario.

Según Reporte índigo, la administración de Miguel Ángel Mancera únicamente favorecía al empresario Jesús Padilla y a su empresa de transporte Covilsa (Corredor Villa-Lomas), ya que permitió que los camiones de Jesús Padilla violaran el contrato que Semovi ya había hecho con la empresa Bicentenario a la cual le habían dado la concesión por un periodo de 10 años; sin embargo, ahora Covilsa –con las facilidades dadas por la secretaría– ha entrado también a circular en la ruta del mismo Corredor Bicentenario.

La Semovi ha sido acusada por permitir una monopolización de los Corredores de Transporte en manos de Martha Patiño –concesionaria del Corredor Bicentenario– quien ha comprado más de 50 de 360 concesiones de Transporte cuando la Ley de Transporte estipula que solamente pueden adquirirse cinco por persona. Además, según información del diario La Jornada del 14 de enero del 2015, se afirmó que Martha Patiño fue muy allegada al ex secretario de la Semovi, Rufino H. León.

 

Línea 7 del Metrobús: un proyecto de ensueño

El 29 de junio del 2015, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se promulgó el proyecto de la construcción de la Línea 7 del Metrobús a raíz de que existen vialidades de alta concentración como Calzada de Ticomán, Calzada de los Misterios, Fray Juan de Zumárraga, 5 de Febrero y Paseo de la Reforma, las cuales son puntos importantes en la ciudad que conectan centros habitacionales del Norte de la ciudad con zonas del Centro y Poniente.10

La Línea 7 tendría su origen en el Centro de Transferencia Modal “Indios Verdes” y cuyo destino será en la intersección del Paseo de la Reforma y Anillo Periférico. Según información del diario 24 horas, para la realización de dicho proyecto se tiene destinada una inversión de 2 mil 500 millones de pesos de los cuales 700 se destinarán a la adquisición de las 90 unidades que darán el servicio de movilidad y los 1,800 restantes será para la construcción de obra: estaciones, tuberías, patios de encierro, mejoramiento de pavimentos, principalmente, en Calzada de los Misterios donde también se adecuarán banquetas.

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El pasado 20 de enero, La Jornada publicó que el gobierno de la Ciudad de México otorgará una nueva concesión para operar la Línea 7; sin embargo, actualmente, no se ha otorgado concesión alguna y Jorge Rocha Álvarez –Director de Planeación, Evaluación y Sistemas del Metrobús– comentó que desde 2013 la Semovi ya había acordado con los transportistas de Bicentenario y Covilsa (Martha Patiño y Jesús Padilla) su posible participación en la concesión de la Línea 7. Pero, por ahora, el proceso se está llevando en marcha y en unos meses es probable que se dé la selección cuando ya entre en operación la nueva línea.

Con respecto a la fecha de iniciación de la obra, Jorge Rocha comentó que –pese a retardos– está planeada para que comience a finales de julio y menciona con respecto a la necesidad de implementar dicha ruta del Metrobús lo siguiente: “Surge la necesidad de llevar a cabo este proyecto por la cantidad de demanda de transporte que hay en Reforma. Se le llama vialidad primaria, por eso es que se seleccionó así”.

Además, Jorge Rocha afirma que las nuevas unidades que sustituirán a las del Corredor Bicentenario serán de piso bajo a ras de banquetas para que de esa forma las personas discapacitadas puedan acceder, además de que serán autobuses que cumplirán con la norma Euro 6; es decir, con alta tecnología que permitirá una menor emisión de gases contaminantes, ya que la de los autobuses de Bicentenario –según afirmó– es de tecnología Euro 5. Y menciona que las 90 unidades Enviro 500 que ya adquirió el gobierno capitalino son de doble piso y pertenecen a la firma londinense Alexander Dennis que ha dado servicio tanto en Londres, Tokio y Hong Kong.

 

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Sin embargo, los propios operadores del Corredor Bicentenario se cuestionan por estas nuevas unidades de dos pisos, las cuales consideran complicarán la dinámica de vialidad en cuanto al ascenso y descenso de pasajeros. El supervisor Mario Campos del Corredor Bicentenario dijo al respecto: “Imagínate, transporte de dos pisos… si con un piso tardan mucho en bajar las personas, ahora con dos esto será peor”.

El académico en materia de Sociología Urbana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dionisio Hernández señaló: “Con respecto a los autobuses de doble piso no creo que vaya a tener una eficiencia en el transporte masivo. Y si meten un camión de doble piso es absolutamente turístico y es un sistema que va a lucir, no para solucionar problemas grandes en cuestiones de vialidad”.

Jorge Rocha Álvarez comenta que sí podría existir una saturación de las nuevas unidades de doble piso y, en cuanto a la modalidad de los descensos, mencionó que eso ya dependerá de cómo el usuario se adaptará a dicho ambiente de las unidades. Sin embargo, ¿qué pasará con los operadores de Bicentenario?

Rocha Álvarez explica que la nueva empresa que obtenga la concesión de la Línea 7 será la encargada de dar Seguro Social, capacitación y uniformes a los nuevos conductores, porque eso –según él– es una obligación que debe tener el concesionario. Además de que, en julio de 2015 el portal de Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, publicó que Jesús Padilla –actual concesionario de Covilsa– afirmó que sí estaría integrando a los actuales operadores a la Línea 7 del Metrobús.

Ahora solamente queda esperar a que los actuales operadores del Corredor Bicentenario esperen la llamada de renuncia. Los retrasos en el proyecto de la Línea 7 han prolongado la estancia de los actuales operadores, quienes siguen operando sobre avenida Reforma. Algunos de ellos esperan con ansias el concurso de selección para ser conductores de la nueva Línea del Metrobús. Otros ven en el proyecto un gran atraso en materia de vialidad y observan cómo la avanzada edad se convertirá automáticamente en factor de retiro laboral.

Reforma es –por el momento– el espacio donde las llantas de los autobuses de Bicentenario ruedan, donde las monedas de los pasajeros siguen cayendo generando ganancias semanales en cada uno de los operadores que anhelan por trabajar horas extras. Son 270 hombres que, de ser compañeros por largos años, pasarán a ser próximamente enemigos en busca de una nuevo espacio de trabajo. No habrá liquidación, sólo una experiencia más, una metamorfosis laboral que con el paso de los años ha venido transformándose: de microbús a autobús, de autobús a metrobús. Al final, como dice Vicente Martínez: “Aún tengo muchas metas que cumplir”.

 

“Ley Atenco”: la represión justificada.

Por: Don Errata (Oliver López)

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A finales de julio de este año entrará en vigor una ley que regulará el uso de la fuerza en el Estado de México y permitirá que los elementos de seguridad pública disuelvan manifestaciones y protestas consideradas “ilegales”, incluso, usando armas letales en caso de ser necesario. Es la llamada “Ley Atenco” que pone en tela de juicio el poder con el que el Estado pretende brindar paz y seguridad a la ciudadanía.

Esta ley que fue aprobada, no solamente por los diputados mexiquenses del PRI y PVEM sino también por los del PRD, se construyó gracias a una iniciativa del gobernador Eruviel Ávila, enviada en diciembre del 2015 al Congreso Estatal y que fue aprobada el pasado 17 de marzo, día en que –a su vez– se promulgó.

Hasta ahora, pueblos y comunidades organizados del Estado de México se pronunciaron en contra de esta nueva ley a la que ellos llaman “Ley Eruviel” y pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interponer una acción de incostitucionalidad, pues es una ley que va dirigida a todos aquellos que recurren al derecho de expresarse libremente.

La cuestión con esta nueva ley está en que en ella los gobernantes quedan absueltos de los ataques que las fuerzas de seguridad lleguen a cometer en actos futuros y que puedan ocasionar consecuencias graves como la muerte de una persona.

Así es como el andamiaje político acaba de aprobar una nueva ley con alcances aún más extremos que la antigua “Ley Bala”, pues ésta del año 2014 permitía a los elementos de seguridad pública el uso de armas únicamente “incapacitantes” más no letales; es decir, aquellas que por su naturaleza no ocasionaran lesiones que pudieran poner el riesgo la vida de las personas. Sin embargo, la “Ley Bala” tuvo corta vida a causa de su derogación por parte del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

El contraste es que ahora la “Ley Bala” ha regresado en una versión remasterizada, pero con alcances más represivos y violentos donde el uso legitimado de armas letales habla ya –por sí misma– de los alcances de esta nueva iniciativa de seguridad. Además, el artículo 8 de la legislación aprobada por el Congreso del Estado de México, faculta el uso de las armas letales a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables” y –casualmente– serán ellos mismos los que consideren los tipos de agresión ante los cuales deberán actuar. A continuación el listado de los tipos de agresión:

1. Resistencia Pasiva: cuando la persona no obedezca las órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el elemento que previamente se haya identificado como tal y no realice acciones que dañen al mismo, a terceros o al elemento.

2. Resistencia activa: cuando la persona realice acciones con el propósito de dañarse, dañar a un tercero, al elemento o a bienes propios o ajenos.

3. Resistencia agresiva: cuando la persona realice movimientos corporales que pongan en riesgo su integridad física, la de terceros o la del propio elemento.

4. Resistencia agresiva agravada: cuando las acciones de la persona representen una agresión real o inminente que ponga en peligro la vida de tercero o la del elemento de seguridad.

Así es como en cada una de los tipos de agresión está planteado que cuando una persona ponga en riesgo la seguridad del elemento policiaco, éste podrá actuar de manera “letal” contra dicho agresor. Por lo tanto, ahora los policías estatales y municipales estarán encargados de decidir el momento en que una manifestación es “ilegal” o “altera el orden público”. Y si desean conocer las armas con las cuales la represión justificada se estará llevando a cabo, a continuación las enumero:

  1. Uso de toletes y gases lacrimógenos;
  2. Macanas y golpes;
  3. Uso de esposas rígidas y candados para pulgares;
  4. Dispositivos de descargas eléctricas;
  5. Candados de mano.

De esta manera es como el Estado pretende brindar la seguridad a los ciudadanos; ya no existe más la figura del concilio o el acuerdo. El pacto por el bienestar de todos nosotros queda disuadido en pensar que la solución son las armas. La libertad de expresión existe, pero poco a poco se vuelve en un medio para ser castigado, encarcelado e inclusive asesinado. La represión legitimada ha encendido su luz en el Estado de México con aras de expandirse a lo largo del territorio nacional. El gatillo y la violencia se han convertido en la nueva estabilidad para el gobierno y el sufrimiento del otro en la sombra de una impunidad que continúa latente. Los gobernantes quedarán como los inocentes, mientras la agresión se volverá en algo relativo ante el cual el accionar de la violencia encontrará su camino por el cual hallar un cauce sin considerar sanción alguna.

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Pakistán: el terror que se esfumó.

El atentado del día de ayer en Lahore, Pakistán en el que murieron —al menos— 72 personas reveló no solamente el escenario terrorista que se vive en el planeta, sino que demostró la indiferencia ante la imagen del horror.

La indiferencia duró únicamente escasas dos horas. Los múltiples RT’s y Likes en las redes sociales digitales invadían la gran web. Las llamadas de algunos usuarios por colocar la bandera de Pakistán como avatar no llegó a viralizarse como ocurrió con el atentado en Bruselas, pero —principalmente— con el de París. ¿Por qué mostrar indiferencia ante los pakistaníes?

La sociedad se mueve por modas, tendencias, hashtags. El mundo del impacto y de la imagen cobra relevancia por un momento y pierde efecto en el mismo momento en que lo recaba. Si no aparezco en imagen o no hablan de mí, no existo. Y así pasó con el atentado en Pakistán.

Los medios tradicionales en directo lo tomaron como un incidente más en la vida cotidiana de Medio Oriente, aquel lugar donde la muerte ya no es motivo de asombro. Por ello es que nos dejamos más impresionar por aquello donde jamás creemos que algo malo podría pasar. Arropamos a los que sufrieron algo que no merecían e ignoramos a los que constantemente luchan por lo que más necesitan: la paz.

Es por ello que el terror se esfumó en cada uno de los ciudadanos del mundo y en cada uno de los gobiernos, quienes —al igual que con Bruselas y Francia— tuvieron que haber reflejado con luces, en sus monumentos históricos, la bandera del pueblo pakistaní. Porque debemos estar unidos por la causa de todos los que sufrimos: “Todos para uno y uno para todos”.