“Ley Atenco”: la represión justificada.

Por: Don Errata (Oliver López)

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A finales de julio de este año entrará en vigor una ley que regulará el uso de la fuerza en el Estado de México y permitirá que los elementos de seguridad pública disuelvan manifestaciones y protestas consideradas “ilegales”, incluso, usando armas letales en caso de ser necesario. Es la llamada “Ley Atenco” que pone en tela de juicio el poder con el que el Estado pretende brindar paz y seguridad a la ciudadanía.

Esta ley que fue aprobada, no solamente por los diputados mexiquenses del PRI y PVEM sino también por los del PRD, se construyó gracias a una iniciativa del gobernador Eruviel Ávila, enviada en diciembre del 2015 al Congreso Estatal y que fue aprobada el pasado 17 de marzo, día en que –a su vez– se promulgó.

Hasta ahora, pueblos y comunidades organizados del Estado de México se pronunciaron en contra de esta nueva ley a la que ellos llaman “Ley Eruviel” y pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interponer una acción de incostitucionalidad, pues es una ley que va dirigida a todos aquellos que recurren al derecho de expresarse libremente.

La cuestión con esta nueva ley está en que en ella los gobernantes quedan absueltos de los ataques que las fuerzas de seguridad lleguen a cometer en actos futuros y que puedan ocasionar consecuencias graves como la muerte de una persona.

Así es como el andamiaje político acaba de aprobar una nueva ley con alcances aún más extremos que la antigua “Ley Bala”, pues ésta del año 2014 permitía a los elementos de seguridad pública el uso de armas únicamente “incapacitantes” más no letales; es decir, aquellas que por su naturaleza no ocasionaran lesiones que pudieran poner el riesgo la vida de las personas. Sin embargo, la “Ley Bala” tuvo corta vida a causa de su derogación por parte del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

El contraste es que ahora la “Ley Bala” ha regresado en una versión remasterizada, pero con alcances más represivos y violentos donde el uso legitimado de armas letales habla ya –por sí misma– de los alcances de esta nueva iniciativa de seguridad. Además, el artículo 8 de la legislación aprobada por el Congreso del Estado de México, faculta el uso de las armas letales a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables” y –casualmente– serán ellos mismos los que consideren los tipos de agresión ante los cuales deberán actuar. A continuación el listado de los tipos de agresión:

1. Resistencia Pasiva: cuando la persona no obedezca las órdenes legítimas comunicadas de manera directa por el elemento que previamente se haya identificado como tal y no realice acciones que dañen al mismo, a terceros o al elemento.

2. Resistencia activa: cuando la persona realice acciones con el propósito de dañarse, dañar a un tercero, al elemento o a bienes propios o ajenos.

3. Resistencia agresiva: cuando la persona realice movimientos corporales que pongan en riesgo su integridad física, la de terceros o la del propio elemento.

4. Resistencia agresiva agravada: cuando las acciones de la persona representen una agresión real o inminente que ponga en peligro la vida de tercero o la del elemento de seguridad.

Así es como en cada una de los tipos de agresión está planteado que cuando una persona ponga en riesgo la seguridad del elemento policiaco, éste podrá actuar de manera “letal” contra dicho agresor. Por lo tanto, ahora los policías estatales y municipales estarán encargados de decidir el momento en que una manifestación es “ilegal” o “altera el orden público”. Y si desean conocer las armas con las cuales la represión justificada se estará llevando a cabo, a continuación las enumero:

  1. Uso de toletes y gases lacrimógenos;
  2. Macanas y golpes;
  3. Uso de esposas rígidas y candados para pulgares;
  4. Dispositivos de descargas eléctricas;
  5. Candados de mano.

De esta manera es como el Estado pretende brindar la seguridad a los ciudadanos; ya no existe más la figura del concilio o el acuerdo. El pacto por el bienestar de todos nosotros queda disuadido en pensar que la solución son las armas. La libertad de expresión existe, pero poco a poco se vuelve en un medio para ser castigado, encarcelado e inclusive asesinado. La represión legitimada ha encendido su luz en el Estado de México con aras de expandirse a lo largo del territorio nacional. El gatillo y la violencia se han convertido en la nueva estabilidad para el gobierno y el sufrimiento del otro en la sombra de una impunidad que continúa latente. Los gobernantes quedarán como los inocentes, mientras la agresión se volverá en algo relativo ante el cual el accionar de la violencia encontrará su camino por el cual hallar un cauce sin considerar sanción alguna.

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El patriarcado institucional atenta contra la mujer en Puebla

Las mujeres han sido objetivadas, estereotipadas y victimizadas a lo largo del tiempo. Problemas como el sexismo, la misoginia y el patriarcado han afectado a la mujer desde la antigüedad. Las antiguas culturas apostaban por considerar a la mujer como algo menor al hombre. Algunos de los grandes personajes de la historia acordaban sus pensamientos con lo anterior. “La naturaleza sólo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer no es más que un hombre incompleto, una especie de error de la naturaleza; la hembra es hembra en virtud de ciertas cualidades”, decía Aristóteles. Aunque, también Martin Lutero empatizaba con estos dichos: “El peor adorno que una mujer puede pretender tener es ser sabia, aunque se mueran de tanto parir, no importa, para eso existen”.

Actualmente, el pensamiento misógino y sexista ––el cual involucra  una falta de confianza en las mujeres  y un trato indiferenciado hacia ellas por el simple hecho de ser mujeres–– ha llegado a México, principalmente, al estado de Puebla donde los discursos del gobierno compaginan con una ideología sustentada en el poder de una institución como lo sería la Fiscalía General del Estado quien desconoce al feminicidio (expresión que hace referencia al asesinato de las mujeres por sexismo y misoginia) como un problema que ha de solucionarse. A la par de esto, su director ––Víctor Antonio Carrancá Bourget–– considera que el feminicidio es algo de lo que no hay de qué preocuparse.

En los últimos 5 años, Puebla ha padecido uno de los fenómenos más graves del país: la violencia contra las mujeres. Las estadísticas marcan que, desde inicio del gobierno estatal de Rafael Moreno Valle hasta el 2015, se han contabilizado 218 feminicidios y, hasta el día de hoy, existen 7 casos de los cuales la FGE sólo considera como propios de considerarse feminicidios a 3.

No obstante, el problema es agraviante porque, a pesar de una fuerte presión social para que se emita una Alerta de Género (mecanismo de acción gubernamental de emergencia que tiene como fin erradicar y enfrentar la violencia de feminicidios en un territorio determinado), el gobierno de Puebla y en especial la Comisión de Derechos Humanos  (CDH) han hecho caso omiso de la situación. Su dirigente, Adolfo López Badillo, a finales de diciembre de 2015 afirmó que no solicitaría al gobierno federal ninguna Alerta de Género, ya que ––desde su punto de vista–– no existen elementos objetivos para hacerlo y no hay requisitos que inciten al trámite de dicha solicitud a pesar de que 30 organismos sociales han documentado muerte por muerte.

Feminicidios en Puebla

Los únicos tres casos que la Fiscalía General del Estado (FGE) considera como feminicidios ––porque según ellos reúnen las pruebas suficientes–– son los que corresponden a Alicia Rodríguez de 80 años de edad, quien fue encontrada muerta en su domicilio el cual le fue prestado para pernoctar: esto debido a que ella era una persona en situación de calle. El cuerpo de la adulta mayor presentaba varias lesiones provocadas por un objeto de madera punzo-cortante. Asimismo, el segundo feminicidio considerado válido por la institución, acaeció en el mismo lugar que el anterior ––San Martín Texmelucan–– pero en diciembre del 2015.

Por otro lado, el tercer feminicidio que aprobó la FGE fue el ocurrido el pasado 20 de enero del presente año cuando Ángeles Leyva, quien padecía discapacidad auditiva y verbal, fue encontrada muerta y con heridas hechas por una arma punzo-cortante en su vivienda.  Y, cuando fue cuestionado Víctor Carrancá sobre los otros 4 recientes feminicidios, él  afirmó que no pueden considerarse como tales, ya que requieren elementos específicos que solamente pueden rastrearse mediante una investigación. Sin embargo, han existido irregularidades en el proceso que han llevado a un ocultamiento por parte de las autoridades, las cuales en lugar de considerar a los casos como feminicidios, prefieren llamarlos como asaltos o denominarlos con otro tipo de acusación.

El consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ex titular de la SEIDO de la Procuraduría General de la República (PGR), Samuel González Ruíz, sostuvo desde hace ya 2 años que los feminicidios en el estado de Puebla poseen un patrón simular con los de Ciudad Juárez y afirmó a La Jornada del Oriente en septiembre del 2015, que las autoridades ya no quieren seguir las investigaciones de las mujeres asesinadas a fondo, porque las ultimaciones han ido en aumento.

Por ende, las autoridades ministeriales convierten en un homicidio algo que puede ser ritual y serial en un crimen pasional. Sin embargo, en lugar de que los casos sean tratados como feminicidios, el gobierno incauta al “culpable novio” directamente como culpable dejando de lado una averiguación. Así, al no haber una indagatoria, se fabrica al culpable que siempre es el novio, alguien allegado a la víctima. Samuel Gómez Ruíz afirmó que, si se hace una revisión de cada uno de los procesos legales, se podría constatar que se inculpa a una pareja sentimental como perpretador de los hechos, delegando el delito al fuero común. Además, asegura que se han dado carpetazos a investigaciones como la de Paulina Camargo y Verónica Espinoza para asegurar que la pareja comete el feminicidio sin que existan elementos jurídicos que los vincule.

Los dos jóvenes que ––supuestamente–– amedrentaron a las anteriores dos mujeres fueron encarcelados por delitos de falsedad de declaraciones y resistencia a la detención; por lo tanto, las instituciones correspondientes no los quieren consignar o señalar directamente por el asesinato de sus parejas. Aquí la razón principal del porqué el gobierno afirma que no hay alza de feminicidios o quizá es la prueba de cómo el ocultamiento de homicidios se ha dado en Puebla desde hace ya 1 año. Por lo tanto, la falta de investigaciones serias y el encarcelamiento de verdaderos no culpables permite que los feminicidios comiencen a incrementarse en dicho estado.

Asimismo, para evitar que se sigan ocultando los feminicidios, la coordinadora de la bancada del PRI del Congreso Local Fiscal General de Puebla, Silvia Tanus Osorio, manifestó el pasado 12 de febrero del presente año el incremento de feminicidios en el estado y la negativa de las instituciones públicas a reconocer dicha situación. Lo anterior, a razón de aquella disparidad de cifras que han manejado las organizaciones sociales que siguen los casos de feminicidios en el estado y la FGE. Por ejemplo, las primeras han contabilizado 145 asesinatos de mujeres por cuestiones de género de 2012 a 2015 y el organismo institucional sólo 20.

No obstante, a pesar de encontrar gran cantidad de irregularidades y de contar con acusaciones en su contra, Víctor Carrancá defendió la versión de la Fiscalía, ya que afirmó que se trata de un organismo que se ha encargado de fundar el Centro de Justicia para las Mujeres, el cual tiene la función de otorgar la atención a las integrantes del género femenino que vivan alguna situación de violencia. Y que, desde su creación, ha logrado brindar ayuda a gran cantidad de mujeres de las cuales Carrancá se sirvió de las declaraciones de dos de ellas para ampararse frente a los diputados en el Congreso y, aseveró, que desde 2003 ––fecha de la inauguración de dicho organismo–– ha brindado más de 10 mil servicios de ayuda.

Por lo tanto, puede considerarse, con base en este seguimiento del caso de los feminicidios recientes en Puebla, que el gobierno del estado ––en especial–– dirigido desde el mando de Adolfo López Badillo y Víctor Carrancá han orquestado un patriarcado institucional que, en lugar de brindar un apoyo a la mujer y en vez de lograr una búsqueda de una Alerta de Género en el estado, han avocado por un ocultamiento de los hechos que corresponde principalmente a una relación en la cual está involucrada el poder y la ideología, las cuales atentan contra un género oprimido como es la mujer. Las mujeres poblanas tratan de vencer al dominante pero en el plano de la realidad se encuentran en un estadio de la subordinación que no solamente es propiciado por sus propios novios o esposos, sino por hombres que pertenecen a una institución.

Así, el patriarcado se convierte en un sistema liderado no únicamente por el hombre, sino por instituciones públicas y privadas como la CNDH o la FGE que son lideradas por hombres quienes oprimen a las mujeres y se apropian de ellas mediante la búsqueda de un placer que sería el ocultamiento de los feminicidios y la evitación de la concreción de una Alerta de Género: situaciones que, de denunciarse de manera formal y de ser aplicadas, podrían denotar una ineficiencia por parte de las instituciones públicas para controlar una situación como ésta.

Por consiguiente, este sistema patriarcal presente en Puebla está ligado a una ideología donde existen creencias y comportamientos que ––posiblemente–– se encuentren interiorizados en cada uno de los funcionarios que lideran aquellas instituciones responsables de rendir cuentas. Y esta creencia de rendir cuentas y el comportamiento de ocultar o tergiversar los hechos por parte de estos funcionarios no es nada nuevo.

El actor intelectual es Victor Carrancá, quien desde su posición de poder y dominación ha tratado de desvirtuar hechos para lograr su placer como lo sería el evitar ser llamado a rendir cuentas. Una de sus peores crisis fue cuando era titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). En esos tiempos, el golpe que recibió fue la muerte del niño José Luis Tehuatlie a manos de la Policía Federal en Chachihuapan el 9 de julio de 2014. En este caso, Víctor Carrancá trató de justificar la postura oficial de que los habitantes de esa comunidad provocaron el fallecimiento del niño y no los uniformados mediante una conferencia en la que afirmó que la muerte fue causada por una “onda expansiva” de un cohetón lanzado por los pobladores. No obstante, el comunicado de Carrancá fue desmentido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que concluyó que José Luis Tehuatlie murió por un proyectil de largo alcance lanzado por la Policía Estatal.

El anterior ha sido uno de los tropiezos de Víctor Carrancá al igual que otro ocurrido en 2014 cuando Laura Bozzo acusó al ex procurador de mentiroso por presentar información falsa sobre la fecha en que fue denunciada la desaparición de la joven poblana Karla López Albert y por negarse a recibir a un equipo de reportero en las instalaciones de la PGJ para esclarecer el caso.

Es por ello, que es necesario asegurar que las intenciones de Víctor Carrancá siempre han fluido a raíz de tratar de simular apoyo a mujeres cuando en realidad detrás de esto se brindan procesos inconexos e investigaciones tergiversadas. ¿Qué es lo que deparará a la mujer poblana?

Lo mejor que podría hacer el gobierno de Moreno Valle al igual que otros que cuentan con feminicidios (Edo. de México, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Morelos, etc.) es declarar la Alerta de Género y así comenzar a atender ahora el problema sin importar que el nivel de muertes alcancen los 50 o 100. La mujer merece ser reconocida para que así la ciudadanía logre comprender la problemática de un estado donde hay una realidad que puede detonar una grave crisis social. La mujer poblana está en la búsqueda de su libertad, sólo la Alarma la puede salvar de no caer nuevamente en el round de la lucha contra la desaparición.